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miércoles, 18 de septiembre de 2013

Cataluña europea


Comisión y Eurocámara diluyen el espejismo de una secesión con permanencia en la UE

Cualquier territorio que se desgaje de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) quedará automáticamente excluido de la misma y recibirá el tratamiento de país tercero. Esto es lo que indican los Tratados comunitarios, pues sus firmantes y partes constituyentes son los Estados, y no sus regiones o ciudades. Esto es lo que señala la doctrina jurídica internacional sobre la sucesión de Estados en caso de desmembramiento. Y esto mismo es lo que acaban de recordar las autoridades comunitarias a la Generalitat y al independentismo catalán.
La respuesta, obvia para cualquier persona mínimamente letrada, pero rehuida, ocultada o minimizada por el nacionalismo periférico, no es nueva. La formularon anteriormente los presidentes de la Comisión Romano Prodi y José Manuel Durão Barroso: conviene recordar que la Comisión no es solo la institución ejecutiva de la UE, sino la primera gestora de su legitimidad jurídica, en su condición de guardiana de los Tratados.
Lo nuevo quizá sea la contundencia con que se ha reiterado estos días la respuesta. Podrá deberse a la necesidad institucional de zanjar la confusión con que el secesionismo se plantea fundar “un nuevo Estado de Europa”, al falso amparo de la construcción comunitaria. O a la exigencia española ante Bruselas. O a ambas cosas. Pero el motivo de este aluvión declarativo es asunto de menor cuantía, pues conecta con el interés ciudadano y con la actualidad de la cuestión catalana.
Se trata en todo caso de un asunto capital que casi siempre se orilla de la discusión sobre la independencia, pues el recuerdo de la exclusión de la UE es una de las causas —junto con la mejora de la financiación autonómica— que reduce sustancialmente la actual ventaja del independentismo en las encuestas. Si ha de ser a costa de su pertenencia a Europa, a la gran mayoría de los catalanes les disgusta el adiós a España.
Las precisiones de la Comisión (y del Parlamento Europeo) son adecuadas porque diluyen el seráfico espejismo según el cual es posible legalmente romper un Estado europeo y seguir en su mismo club, donde todos los socios mantienen derecho de veto sobre la adhesión de nuevos miembros. Por no entrar en el ámbito político, donde la amenaza de ruptura territorial inhibiría de cualquier veleidad a países con cuestiones similares, como nuestros vecinos Francia e Italia.
También son oportunas porque al final Bruselas debe suplir el déficit de información solvente a los ciudadanos que ni Barcelona ni tampoco Madrid —a diferencia de Londres— cubren.
La Generalitat de Convergència y Esquerra oculta o manipula esa información con la fantasía de imposibles apoyos bálticos —minimalistas— o la ensoñación de un etéreo e infundado cambio de circunstancias políticas. Su locuaz consejero-portavoz debe relajarse en ese propósito propagandístico cotidiano, aunque solo sea porque él no es el portavoz de Europa.